El control de Internet seguirá siendo un territorio vedado a los Gobiernos. El Parlamento Europeo tumbó el miércoles la reforma que preveía dar vía libre a cada Estado de la Unión Europea (UE) para que regulara a su antojo Internet. Por sorpresa e in extremis, la Eurocámara votó el miércoles una enmienda que exige una orden judicial para poder restringir el acceso a Internet, e impide que ninguna autoridad administrativa ejerza de policía en la Red.
La decisión adoptada el miércoles por el Europarlamento supone un revés para la postura de varios países - encabezados por el Ejecutivo francés de Nicolás Sarkozy - que pretenden aprobar legislaciones restrictivas, que dejan en manos de un órgano administrativo la potestad de cortar la conexión a Internet en determinados supuestos. El fin primordial de esas reformas legislativas es frenar la descarga de archivos sujetos a derechos de autor (música, cine, software y videjuegos), tal y como pide la industria cultural, imponiendo un sistema de avisos y desconexión para los reincidentes.
La fuerte controversia política y la presión de miles de internautas de todos los países de la UE, que inundaron las casillas de correo electrónico de los europarlamentarios, ha frenado por ahora la reforma del llamado Paquete de Telecomunicaciones . Esa división se puso de manifiesto el miércoles en la votación de la enmienda alternativa en favor de mantener la intervención judicial, que fue introducida a última hora por Los Verdes para impedir que se votara la propuesta consensuada entre el Consejo Europeo y el propio Parlamento.
Además de Los Verdes, la enmienda obtuvo el respaldo de la mayor parte del grupo Socialista (incluyendo los españoles) y un gran número de parlamentarios Liberales. Los Populares votaron mayoritariamente en contra o se abstuvieron. En total, 407 votos a favor, 57 en contra y 171 abstenciones.
El Parlamento apoyó no "imponer restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales", amparándose en el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en materia de libertad de expresión y de información, "excepto cuando la seguridad pública se vea amenazada, en cuyo caso la resolución puede ser posterior". No obstante, el movimiento internauta no debe cantar victoria. Ahora se abre un periodo de conciliación en el que los Gobiernos deben renegociar la normativa con el Parlamento y en el plazo de máximo de 8 meses se volverá a votar para ratificar o rechazar la reforma.
No obstante, fuentes del Europarlamento señalaron que aprovechando el actual vacío legal, podrían salir adelante leyes como la que se tramita en Francia.
La decisión de la Eurocámara hace aún más difícil la consecución de un acuerdo para reformar la ley en España sobre las descargas, que negocian sin avance alguno los operadores de telecomunicaciones y la industria de contenidos.
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